MIRA LA MINA, ¿QUÉ VES?
En el número 8 de la calle Boreal se encuentra el bar San Martiño II, un pequeño local lleno de vida y ajetreo donde se reúnen cada día multitud de vecinos del barrio de la Mina en Sant Adrià de Besòs. Por encima de todo el barullo se impone una recia voz de mujer que coloca y redistribuye a los clientes lo más lejos posible de la puerta de entrada, ya que está rota y podría hacerle daño a alguien. Paqui Jiménez es la propietaria del bar y una de las representantes con más fuerza de los movimientos reivindicativos del barrio. Vecina del bloque Venus, llegó alrededor de los años 90 y, con el poco dinero de que disponía, abrió el San Martiño II con el que se ha ganado el respeto y la confianza de los ciudadanos. “Este es un barrio como otro cualquiera: cualquier familia trabajadora vivirá bien porque se paga muy poquito por los pisos. Cuando uno tiene economía es todo muy diferente. Cada familia tiene lo suyo pero lo cierto es que hay mucho paro y mucha necesidad y esto viene condicionado por el resultado de un mal trabajo de muchos años, no es lo mismo hacer las cosas poco a poco que provocar un tsunami.”
Paqui es una mujer pequeña y morena con mucho carácter. Por circunstancias de la vida, no tiene estudios, pero eso no la ha frenado a la hora de defender los derechos de los suyos, de su familia y vecinos, los cuales dicen de ella que “habla muy bien” y que no saben dónde estarían “de no ser por la Paqui”. “Pedimos que se ejecutase el Plan de Transformación para que se diese realojo a los vecinos, pedimos que se rehabilitasen los edificios, pedimos indemnizaciones por no llevar a cabo el proyecto de expropiación que en un principio se dijo que se haría… Llevamos 16 años pidiendo y nunca nadie ha cedido en nada.” Asegura que, para ella, no es ningún problema compaginar su vida como activista con el trabajo o la familia. “Cuando tengo que ir a TV3 o a algún programa de radio como La punta del Iceberg mi hija se ocupa del negocio. El tiempo se saca de donde uno quiere cuando uno quiere, aunque a veces estés derrotado y pasen cosas que te hagan pensar si dejarlo o no.”
Lo que habla Paqui en las televisiones y radios hace más de 16 años que se calla o se grita en las calles de la Mina. El 13 de junio del año 2000 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya constituye el Consorcio del barrio de la Mina. Este está integrado por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besós, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. Con la finalidad de afrontar la elevada tasa de drogodependencia, los altos niveles de absentismo y fracaso escolar, el elevado porcentaje de paro (superior al del resto de la ciudad y de Catalunya), los delitos contra la propiedad y el tráfico de estupefacientes, ponen en marcha el Plan de Transformación del barrio de la Mina (PTBM). El objetivo final es la mejora de la convivencia, el civismo y la seguridad ciudadana junto con el desarrollo socio económico de la población residente para conseguir la plena integración y normalización como barrio de Sant Adrià de Besòs y, más globalmente, área urbana de Catalunya.
“La sensación del Consorcio es totalmente de insuficiencia”, dice Rubèn Arenas, militante, representante de Esquerra Republicana de Catalunya en Sant Adrià de Besós y uno de los responsables del barrio de la Mina. “Uno de los objetivos del PTBM era que el Consorcio se encargase tanto de la parte urbanística, en la que hacía falta remodelar una gran área de la zona, como de la parte social. Lo que ha pasado es que se ha centrado tanto en conectar la Mina con Barcelona y alrededores que esa parte social, la más importante, la ha dejado de lado.” Nos encontramos con que el Consorcio, órgano similar al ayuntamiento creado para garantizar las necesidades que los ciudadanos llevan reclamando más de 15 años, se encuentra en pleno declive debido a factores como la crisis económica o la falta de liderazgo en el gobierno.
El barrio de la Mina tiene su origen en la utilización por parte del Patronato Municipal de la vivienda de Barcelona de unos terrenos en el municipio de Sant Adrià de Besòs para realizar una promoción de viviendas para acoger a las personas realojadas procedentes, básicamente, de los principales núcleos de barraquismo de Barcelona. Se sitúa en el margen derecho del rio Besòs, limitando con Barcelona, y cuenta con una densidad de población muy superior a la del resto de la ciudad de Sant Adrià de Besòs y a la de Barcelona. Esta enorme densidad de población empieza a crecer de manera progresiva cuando, en el año 2000, se implanta el Plan de Transformación. A partir de ese momento el número total de habitantes del barrio aumenta considerablemente. La población es principalmente joven, por eso, la mayoría de familias viven con hijos en edades de independizarse pero sin recursos y sin una salida clara puesto que, generalmente, están en el paro o, cuando trabajan, es en actividades que requieren poca cualificación, no tienen estudios e incluso algunos no saben leer ni escribir.
A pesar de la alta natalidad y de la masiva densidad de ciudadanos, será fácil encontrar las calles desprovistas del habitual ir y venir de los niños del barrio. “Es la situación más grave que he visto en 41 años que llevo viviendo aquí porque yo nunca había visto un barrio sin niños. ¡Y eso a pesar de tener la natalidad más alta de muchísimas zonas de Barcelona! Las familias se los han llevado porque las presiones y amenazas de todo tipo ya no respetaban a nadie y eso es un mal síntoma porque este siempre ha sido un barrio muy callejero.” Josep Maria Monferrer i Celades, a sus 74 años, conoce perfectamente la manera de vivir de la Mina. Profesor jubilado de uno de los primeros colegios del barrio, activista, escritor y vecino no duda en denunciar la situación del distrito, haciendo hincapié en la ineficacia del sistema educativo español, el cual ha servido para empeorar un problema que ya venía de lejos. “En los años 60, el Camp de la Bota convierte una escuela en un sistema democrático donde los niños eran los protagonistas y donde, sobretodo, no se cerraban las puertas y nadie huía: era una escuela totalmente libre y creativa. Esto fue así hasta que Comisiones Obreras denunció el hecho de que esto era una competencia desleal y entonces, Educación nos prohibió hacer estas experiencias. Es a partir de este momento cuando el fracaso escolar empieza a aflorar.”
Según el estudio de base social y antropológica del Barrio de la Mina, de los 1.451 niños y niñas de 3 a 16 años, solo el 37 % están escolarizados en los centros de la Mina. Es decir, la gran mayoría (un 63 %) de niños y niñas son escolarizados fuera del barrio o no van a la escuela. La imagen que transmite la mayoría de la población es que en las instituciones educativas del distrito van los niños “problemáticos”, los que tienen comportamientos agresivos, por lo que la mayoría de familias llevan a sus hijos e hijas a escuelas fuera del barrio. Los centros educativos ubicados en la Mina han sido estigmatizados por la población y eso no permite ver los comportamientos normalizados que se dan y los equipamientos y servicios existentes que no tienen nada que envidiar a otras escuelas.
Paqui asegura que en el barrio hay niños “para llenar 200 casales y colegios” pero hasta que los políticos no quieran solucionar los males que aquejan a la población de la Mina, todo seguirá igual. Dice que “si el político no quiere solucionarlo, todo serán trabas estés donde estés, y por nada del mundo buscará los medios para ir todos a una.” Las soluciones que, hasta ahora, han podido plantear los políticos y los ayuntamientos no han sido suficientes para devolver la seguridad a los ciudadanos del barrio. A pesar de contar con varios mecanismos que parecían garantizar la ciudadanía y el desarrollo, los habitantes de la Mina continúan con el mismo recelo y desconfianza de hace años. Estos organismos, como bien expone el profesor en el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, Tomás Gil Márquez, en su estudio llamado “Una serena mirada desde el barrio de la Mina. Huyendo del populismo rampante hacia algún lugar” han permitido reducir en un elevado porcentaje los fenómenos que degradaban la convivencia ciudadana como la venta ambulante no autorizada, el consumo de estupefacientes en la vía pública, las actividades de reparación de vehículos en el espacio público, una mayor rapidez en la retirada de vehículos abandonados y una mejora importante en el cumplimiento de la disciplina viaria. Aun contando con esto, los residentes del barrio dicen no haber conseguido nada por parte de los órganos de control, ni siquiera que el ayuntamiento haya cedido en algunos aspectos.
“No es que no se haya hecho nada, es que no se ha hecho lo suficiente”, Rubèn Arenas defiende las actuaciones realizadas a lo largo de los años en la Mina: “Hay muchos factores por los que no hemos podido hacer suficiente, está la crisis, está la falta de liderazgo, etc. El objetivo es claro, hay que seguir lo que dictaba el Plan de Transformación desde el año 2000 y uno de los problemas más graves por el que muchas personas de la Mina se nos han echado encima es por el tema del derrumbamiento del edificio Venus. Pero claro, cada vez hay más consumidores de cocaína y otras drogas y este se ha convertido en el mercado de toda Barcelona. Lo bueno es que la Generalitat ya está buscando el dinero necesario para solucionar los temas de re alojo y el derrumbamiento. ”
Venus es uno de los edificios más degradados del barrio y el que más ha notado la falta de coordinación entre los ciudadanos y el gobierno. Derribarlo fue una de las principales medidas contempladas en el Plan Específico de Reordenación y Mejora (PERM) y, 12 años después, aún no se ha derribado e incluso cabe la posibilidad de que este sea rehabilitado tras años de parálisis en la reordenación del barrio. A los vecinos del edificio afectados por esta decisión se les adjudicaron 236 pisos con el objetivo de realojarlos en las nuevas viviendas pero el Consorcio de la Mina y la Agència de l’Habitatge de Catalunya decidieron que los habitantes del edificio Venus deberían pagar 30.000 euros si querían acceder a estas viviendas de sustitución. Esta situación se contradice con el decreto de viviendas para los afectados urbanísticos (el decreto HAUS) de la Generalitat, que entró en vigor en el 2009 y especifica que en caso de expropiación, como ha sucedido en el edificio Venus, las personas afectadas tendrán derecho a recibir de forma gratuita una nueva vivienda parecida a la expropiada. Paqui, además de vecina, es la representante de Venus y la encargada de trasladar las peticiones del edificio y las suyas propias a diversos medios de comunicación y colectivos para que la voz de los silenciados ciudadanos de la Mina se oiga en toda Cataluña. “Me considero una persona con mucho carácter y he hecho lo que tenía que hacer, sobre todo por mis vecinos a los que conozco de toda la vida. Lo cierto es que al principio se unían más y me apoyaban, ahora la gente ya está cansada aunque, gracias a Dios, creen en mí y saben que nunca les haría dar un paso donde a ellos les perjudicara. Nos enfrentamos a que la administración, en 40 años, no ha rehabilitado nada del edificio por dentro y a que la gestora cobra derramas cada 6 meses, además de no haber pintado nunca nada ni haber hecho un mínimo de mantenimiento en el interior. Con todos estos factores, lógicamente el edificio es deprimente y, a pesar de toda la voluntad que ponemos los vecinos, nos falta el elemento clave que es el dinero. ”
En relación a esto, unos alumnos de la Universidad Politécnica de Catalunya realizaron en el 2013 un trabajo de fin de grado sobre las estrategias de intervención urbana en el espacio público de barrios segregados como la Mina. En él demuestran que se han invertido más de 200 millones de euros en el barrio y que han llegado unos 50.000 euros con fines sociales para ayudar a los ciudadanos. Aun así, los problemas siguen latentes y el paro y la escasedad no han disminuido en muchísimas zonas, los vecinos se sienten inseguros y tienen miedo del futuro de su hogar.
En este trabajo también se extrae como conclusión que no existe un problema directo de inseguridad y, tal vez, nunca existió, sino que el auténtico problema es que se ha estereotipado por ser el lugar donde viven las personas que, supuestamente, cometen los delitos en Sant Adrià. Hoy el número de delitos y su tasa de crecimiento está en el rango de crecimiento normal de su entorno y, según las estadísticas y las percepciones de los vecinos, no hay inseguridad de que pueda pasar algo dentro del barrio. En cambio, a pesar de las encuestas generales, varios vecinos aseguran haber sufrido amenazas violentas y represalias sin necesidad de haberse vistos envueltos en polémicas con drogas o robos. Un ejemplo de esta desagradable situación viene explicada en el proyecto: “8 tipos que estaban fuera de sí vinieron a amenazarme cuando salía del trabajo. Al parecer estaban furiosos porque habían oído que yo había presentado una demanda por un problema que tuve con el pago del piso (vivo en la calle Levante). Me dijeron que si me quejaba una sola vez más me partirían las piernas y dejarían mi cadáver tirado en la esquina porque si la policía ponía la mira en mi edificio eso les perjudicaría a ellos y a sus negocios. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Dejar que unos pocos se beneficien con actividades ilegales y estafen a otras personas mientras otros, que pagamos los impuestos y la hipoteca religiosamente, nos callamos y lo aguantamos?”. Las diferencias quedan patentes y al descubierto al comparar los diferentes testimonios de las personas que sufren de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, las consecuencias del abandono de la Mina.
Por todo esto queda claro que una de las cosas que más separa a los ciudadanos de los ayuntamientos o el mismo gobierno es la falta de compenetración y entendimiento respecto a cada tema que se ha tratado, desde reorganizar el barrio urbanísticamente, modernizando sus espacios y adaptándolo a las necesidades de Barcelona, hasta regular los comportamientos sociales y luchar contra la precariedad de todo tipo existente desde hace mucho tiempo en el distrito.
Sin embargo, a pesar de todas las discusiones, batallas legales, disconformidades y desacuerdos que han ido creciendo en el barrio de la Mina a lo largo de los años, hay algo en lo que tanto vecinos y habitantes como políticos y alcaldes están de acuerdo: la justicia es firme y, tarde o temprano, le dará la razón a quien la tenga. Todavía faltan muchas cosas, muchos detalles que resolver y muchas resoluciones que aclarar pero, ya sea a largo o corto plazo, la solución empezará a aflorar y la Mina dejará de lucir y ser vista como uno de los barrios más conflictivos de toda Barcelona, marginado y aislado para ser parte del conjunto de la ciudad de una manera armónica y pacífica donde la calidad de vida de cada ciudadano no se pondrá en juicio y donde no harán falta más actividades ilícitas o tráfico de estupefacientes para salir adelante.